Hoy, otra vez, las llamas no solo consumieron construcciones: arrasaron con sueños, años de esfuerzo y proyectos que alimentaban la esperanza de una recuperación real para Acapulco. Lo ocurrido esta mañana en los restaurantes Umami y Yoyas, dos espacios reconocidos por su propuesta culinaria y por generar empleo digno, es más que un acto de violencia: es un nuevo golpe a una ciudad que intenta, con dificultad, reconstruirse.

Estos incendios no son hechos aislados. En octubre de 2024, La Cabaña de Caleta, un restaurante con más de seis décadas de historia y uno de los grandes íconos de la cocina acapulqueña, fue reducido a cenizas en un ataque premeditado. Varios sujetos rociaron combustible y prendieron fuego al lugar sin que nadie pudiera evitarlo. La posterior detención de un presunto responsable no ha devuelto ni la tranquilidad ni la confianza a quienes integran el gremio restaurantero. El mensaje fue claro: en Acapulco, la impunidad todavía tiene combustible de sobra.

Lo más alarmante es que, pese a la frecuencia de estos ataques, la industria restaurantera permanece sin un marco efectivo de protección. No existen instancias especializadas que garanticen su seguridad, ni protocolos claros para actuar frente a las amenazas o agresiones. A los empresarios y trabajadores del sector, solo les queda resistir como pueden, con miedo y sin apoyo suficiente.

La gastronomía en Acapulco es mucho más que una actividad económica: es cultura viva. Es la expresión de una identidad que se nutre de sabores, de tradiciones familiares y de un esfuerzo diario que pocas veces se ve reflejado en cifras, pero que sostiene a cientos de familias. Cada restaurante cerrado, cada incendio intencionado, no solo representa una pérdida financiera, sino también un golpe a la memoria colectiva del puerto.

A esto se suma la sensación generalizada de abandono. Las cámaras empresariales levantan la voz, sí, pero no cuentan con herramientas reales de prevención o respuesta. Las denuncias rara vez prosperan, y cuando lo hacen, es tarde. La reacción institucional se diluye entre declaraciones públicas y promesas que, en los hechos, no modifican el escenario. No hay acompañamiento jurídico, no hay inteligencia estratégica, no hay una línea clara de defensa.

Urge entonces una respuesta contundente. Una política integral de protección a la industria restaurantera que incluya vigilancia permanente, mecanismos de denuncia efectivos, investigación inmediata de agresiones, apoyo psicológico a los afectados y acceso a justicia expedita. No basta con acompañar a las víctimas cuando ya lo han perdido todo.

A los ciudadanos y ciudadanas, también nos toca actuar. No dejemos solos a nuestros negocios locales. Consumamos ahí, compartamos sus historias, visibilicemos lo que enfrentan. Porque lo que está en juego no es solo una industria: es el futuro de Acapulco, su dignidad, su capacidad de levantarse sin tener que mirar constantemente por encima del hombro.

Este no es un llamado desesperado. Es una exigencia. Porque el fuego puede apagarse. Pero el miedo, si no se enfrenta, termina por consumirlo todo.